El 1-O

José Segura

El Govern de la Generalitat ya ha anunciado su firme decisión sobre la celebración de un referéndum encaminado a la proclamación de una Republica Catalana, lo que nos dejaría fuera del actual Estado Español. Vaya por delante que considero que el expresar nuestra opinión a través del voto es un derecho irrenunciable y no me explico cómo partidos supuestamente democráticos y progresistas intentan negárnoslo. Pero habida cuenta de la extraordinaria importancia del mismo, hay una serie de datos objetivos que deberían hacernos reflexionar, los cuales hacen referencia a la forma de establecer el resultado de la citada convocatoria a las urnas.

El art. 81.1 de la C.E.de 1978 dice:

Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Conviene leerse despacio este artículo puesto que establece un plus en la aprobación de un derecho de este calibre. El legislador, al redactar la C.E., y para evitar la "dictadura" de una mayoría simple, exige una mayoría absoluta en estos casos, es decir la mitad más uno del censo oficial de las personas con derecho a voto, no de los votantes. Además, el citado art.81 hace referencia expresa a una posible ley sobre el régimen electoral general. Y un referéndum es perfectamente equiparable a una ley electoral, puesto que se trata de elegir un sistema político distinto (no se sabe si mejor o peor) que nos va a afectar a todos.

Por otra parte, la C.E. de 1978 fue aprobada en Cataluña por: Participación: 67,91 %. A favor 90,46 %. En contra 4,23 %. En blanco 4,23 %. Nulos 0,68 %.

Este resultado pone en evidencia con suficiente claridad la voluntad del Pueblo Catalán en 1978. Naturalmente que se puede argumentar que han pasado casi 40 años y que muchas de las personas que ahora tienen derecho a voto entonces no lo tenían, y, que, probablemente en las actuales circunstancias sería distinto (en sentido positivo o negativo).

Asimismo, tampoco resulta convincente el argumento del Sr. Junqueras  respecto a la vinculación de los tratados internacionales suscritos por España. Cierto que los acuerdos internacionales se incorporan directamente a nuestro ordenamiento jurídico, pero no hay que olvidar que han sido suscritos por el gobierno de turno, y aquí entraríamos en la discusión de que si con la actual ley electoral nos representan o no. Además no nos olvidemos que el TTIP, el CETA, la OTAN, etc. son tratados internacionales y no constituyen precisamente un ejemplo de nada.

Dicho todo esto, debemos evitar empezar la casa por el tejado. Reformemos la C.E. y en función de lo que salga, con el nuevo texto constitucional tomemos las iniciativas que se crean oportunas, y ciñámonos a los resultados que se obtengan.

Todo lo anterior al margen de que nadie nos ha explicado de forma clara y con datos suficientes lo bueno o lo malo que sería la independencia. Creo que los ciudadanos que vivimos en Cataluña, bien sea por nacimiento o por adopción tenemos el inalienable derecho a que se nos diga la verdad sin rodeos ni engaños partidistas.

José Segura