¿Derecho a una vivienda?

José Segura

Recientemente se ha publicado en los medios un amplio trabajo (se puede consultar en Internet) sobre la repercusión que los desahucios inmobiliarios tienen sobre los niños y adolescentes, especialmente sobre los niños entre 5 y 10 años. Lo he leído detenidamente y he quedado fuertemente impresionado. Debo reconocer que es una vertiente que no había tenido muy en cuenta. Los desahucios, en general, tal como se vienen realizando en nuestro país, me parecen un abuso del propio derecho. Estoy de acuerdo en proteger los derechos de los legítimos propietario, tanto en los motivados por impago de hipotecas, como en los de atrasos en alquiler, pero aquí los poderes público es donde debían mostrar lo que es gobernar de verdad, y hacer políticas de largo recorrido en beneficio de los grupos sociales más débiles y en serio riesgo de exclusión social.

Dice nuestra Constitución en su art. 47 Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

De la lectura de este artículo se infiere que entre la redacción del texto legal y la realidad social hay un tremendo abismo. La Constitución establece unos derechos para el ciudadano en materia del acceso a la vivienda, sin embargo, ya tuvo buen cuidado el legislador en no obligar a los poderes públicos con ningún deber específico al respecto. Resulta indignante oír a nuestros gobernantes, nacionales, autonómicos e incluso municipales referirse constantemente a la necesidad de modificar el texto constitucional sin haber llegado siquiera a cumplirlo en aspectos tan fundamentales como es el derecho a una vivienda digna. Y más si tenemos en cuenta que muchas situaciones de desahucio se deben a la "lumbrera" que se le ocurrió declarar urbanizable gran parte del territorio nacional (inicio de la burbuja inmobiliaria), el nulo control sobre el sistema financiero y la regresiva Ley de Arrendamientos Urbanos que beneficia de forma absoluta a la figura del arrendador.

Un claro ejemplo lo tenemos en nuestra ciudad, Rubí, ¿Cuánto tiempo hace que no se construye ninguna vivienda protegida? ¿Hay alguna razón por la cual el Ayuntamiento no pueda ejercer de constructor/promotor inmobiliario? No se trata de ppracticar una competencia desleal contra las empresas del sector, consiste simplemente en llenar un vacío que la iniciativa privada, por razones obvias, no lo va a ocupar.

Ahora, el Consejo General del Poder Judicial crea 54 juzgados (uno por provincia) con 64 jueces, muchos de ellos en prácticas, para atender los litigios relacionados con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa. En provincias como Madrid y Barcelona, un juicio por este tema puede tardar en sustanciarse muchos años, incluso varios lustros. Esto es otro ataque en toda regla a las clases populares en beneficio, como no, de la banca, es decir, otra agresión en materia inmobiliaria a los de siempre, a los menos favorecidos. Y ya van...

A todo esto nuestros políticos, supuestamente representantes del PUEBLO, ocupados como están, unos por conservar el poder y los otros por intentar llegar a él, haciendo oídos sordos y mirando para otro lado. ¡¡A ver cuándo se van a enterar que gobernar no es eso!!

José Segura